Opinión
Del Plato a La Boca…
Hace tiempo que la Revolución mexicana terminó, pero los legisladores no han dejado ir todavía una costumbre de esa época: acudir al Congreso con pistola. El descubrimiento ha ocurrido en las últimas semanas y ha sido azaroso. Una pelea entre diputados de distintas bancadas ha dejado al descubierto que al menos 35 legisladores entran a trabajar armados. Los hay quienes lo hacen a través de su guardaespaldas y quienes la cargan ellos mismos. Resulta difícil entender las razones por las que alguien necesitaría llevar un arma al trabajo, sin ser policía o militar, y casi imposible descifrar cómo es que la Cámara de Diputados le parece un lugar peligroso a quienes han sido votados para trabajar allí.
Las riñas en el recinto de San Lázaro son comunes y, generalmente, ocurren en el salón de plenos. Los grupos parlamentarios suelen preparar protestas para oponerse a gritos a lo que digan los otros partidos y, ocasionalmente, la defensa de sus argumentos termina en una interacción física. La pelea que dejó al descubierto a los diputados armados ocurrió entre el diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla y el legislador de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez. El priista supuestamente fue a protestar a las oficinas del emecista por la crisis de agua sucia en Guadalajara, donde Movimiento Ciudadano gobierna. El reclamo subió de tono y ambos diputados hicieron gala de su peor vocabulario con amenazas, a lo que se sumaron los empujones de sus colaboradores. El pleito no llegó a más.
La efímera gresca llevó a los encargados de vigilar el recinto de San Lázaro a hacer un análisis minucioso sobre quién entra y sale del edificio. Así que, ayudados de perros detectores de explosivos y armas, comenzaron el registro que arrojó el hallazgo de los 35 diputados armados. Desde entonces, la dirección de resguardo de la Cámara de Diputados ha reforzado la seguridad exigiendo todas las credenciales de los colaboradores de los legisladores y recordándoles que el reglamento prohíbe llevar armas al recinto, incluidas aquellas que sus guardaespaldas llevan. Advertidos están.
México, como un país abundante en paradojas, tiene una importante con las armas. La posesión autorizada está sumamente restringida y sujeta a la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero al mismo tiempo el país padece un importante problema de tráfico ilegal de armas que, en cierta medida, ha sido alimentado por Estados Unidos y su política constitucional de posesión legal. En 2025, los decomisos de armas en México crecieron un 72,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La fotografía deja la ligera sensación de que los cuerpos de seguridad fueron más escrupulosos a la hora de hacer las revisiones para detectar la posesión ilegal. Como en el Congreso.
Los encargados de la seguridad en la Cámara de Diputados no hicieron públicos los nombres de los legisladores armados y tampoco explicaron si entre ellos había alguno con armamento ilegal. No es que los diputados gocen de una gran popularidad –las encuestas suelen situarlos hasta el fondo de la tabla–, pero el episodio refleja que vicios históricos de la clase política siguen vigentes, a pesar de la reconfiguración de las fuerzas políticas en los últimos años.
Opinión de Sonia Corona