Redacción
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, reconocido por su trabajo en derechos humanos e indígenas, informó que renuncia a la representación legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y también al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense Tlachinollan. La decisión se debe a motivos personales y a la necesidad de enfocarse en su recuperación tras una cirugía por obstrucción intestinal en marzo de 2025.
“Son motivos personales, voy bien en la recuperación, pero los médicos recomiendan tener un poco más de sosiego para lograr una plena recuperación. Por temas de salud he decidido renunciar a la representación de las madres y padres de los 43 y también al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, después de 24 años trabajando por los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, declaró Rosales.
Defensa de los 43 continuará
Rosales enfatizó que su salida no implica el fin de la defensa de los normalistas desaparecidos. Los Centros de Derechos Humanos de Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez cuentan con equipos jurídicos sólidos que continuarán con el caso.
“No hay ruptura ni con las madres ni con los padres; ellos respetan mi decisión. La defensa continuará, lo más importante sigue siendo el paradero de los jóvenes, que aún no se ha establecido”, aseguró el abogado.
Compromiso con los derechos indígenas
Aunque se retira de este caso específico, Rosales adelantó que su lucha por los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas seguirá vigente, especialmente en el estado de Guerrero.
“Vamos a enfocar nuestra lucha en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Hay mucho por hacer en temas de tierra, territorio, derechos de las mujeres y otros aspectos de los derechos humanos. No depende tanto del gobierno, sino de los pueblos y organizaciones. La lucha continuará”, explicó.
Un legado de 24 años en derechos humanos
Rosales deja atrás más de dos décadas de trabajo con Tlachinollan, destacando su contribución en la defensa de los pueblos indígenas y la promoción de derechos humanos. Su renuncia marca un cambio, pero no el cierre de la lucha por los 43 normalistas desaparecidos ni de los derechos de las comunidades que ha representado.