Redacción
En medio del clima de tensión y las crecientes movilizaciones estudiantiles que mantienen en paro activo a diversas facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), un nuevo foco de indignación ha encendido los ánimos de la comunidad universitaria.
Datos de fiscalización y del Tabulador de Remuneraciones de la institución confirman que la rectora Silvia Amaya Llano percibe un salario mensual bruto máximo aproximado de $240,000 pesos, posicionándose en el tope de la estructura salarial de la casa de estudios.
Esta remuneración representa un costo anual cercano a los 3 millones de pesos para la universidad, una cifra que supera los ingresos de un profesor de tiempo completo e incluso el salario del Ejecutivo Federal.
La difusión de estos ingresos ha tomado un papel central en la narrativa de las protestas actuales. Los alumnos en plantón y las asambleas estudiantiles han señalado este gasto como el ejemplo más claro de la “disparidad institucional” y la falta de empatía con la realidad académica. Mientras la alta jerarquía universitaria mantiene sueldos de primer nivel, cientos de docentes por honorarios enfrentan salarios bajos y carecen de prestaciones básicas, al tiempo que los campus foráneos acusan un rezago histórico en infraestructura y equipamiento.
Para el movimiento estudiantil, este dato no es menor: fundamenta directamente el eje de “transparencia y justicia presupuestal” plasmado en sus demandas. Los manifestantes exigen una auditoría profunda a las finanzas de la Rectoría y una reestructuración del gasto para que los recursos públicos se destinen a las aulas, los laboratorios y la dignificación del trabajo docente, y no al mantenimiento de salarios que consideran exorbitantes.
Hasta el momento, las autoridades universitarias no han emitido un posicionamiento específico respecto a la propuesta de austeridad en los altos mandos exigida por el alumnado.