Opinión
Del Plato a La Boca…
Lo ocurrido en la carretera federal 57, a la altura de El Jofrito, en Santa Rosa Jáuregui, dejó de ser hace mucho una simple manifestación ciudadana. Después de más de 27 horas de bloqueo en una de las vías más importantes del país, la pregunta ya no es quién protesta, sino quién está operando detrás de la protesta.
Porque una movilización espontánea no mantiene cerrada durante más de un día una arteria nacional sin logística, recursos, coordinación y respaldo político. Las imágenes de lonches presuntamente enviados desde la comunidad de El Pinto para abastecer a quienes mantenían el bloqueo revelan algo evidente: hubo estructura. Y cuando hay estructura, hay intereses.
El problema es que una causa social legítima terminó contaminada por la grilla política. Lo que pudo ser una protesta focalizada escaló hasta convertirse en un colapso vial de dimensiones federales. Miles de automovilistas quedaron atrapados durante horas; transportistas perdieron tiempo y dinero; empresas vieron afectada su operación y familias enteras quedaron varadas en medio del caos.
La carretera 57 no es cualquier vialidad. Es la columna vertebral del comercio y la movilidad entre el centro y el norte del país. Bloquearla no es únicamente presionar a un gobierno estatal; es afectar directamente a la federación, a la economía y a millones de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto.
Por eso resulta irresponsable que actores políticos intenten sacar rentabilidad de una crisis que terminó saliéndose de control. Quienes alentaron el movimiento deberían entender que jugar con el descontento social tiene consecuencias. Cuando la política incendia los conflictos en lugar de resolverlos, quienes pagan el costo son los ciudadanos.
Y el escenario pudo terminar peor. Hubo momentos de tensión donde automovilistas desesperados comenzaron incluso a derribar la valla de contención a la altura del Parque Industrial para intentar avanzar. La autoridad permitió que el problema creciera hasta el límite del hartazgo social.
En este contexto, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, afirmó que ya existen personas señaladas como presuntos responsables de haber incentivado o participado en el bloqueo, por lo que adelantó que se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. Sus declaraciones confirman que el tema dejó de ser únicamente una protesta ciudadana para convertirse en un asunto que podría tener implicaciones legales y políticas de mayor alcance.
Ahora corresponde deslindar responsabilidades. La Fiscalía General de la República tendría que analizar si durante este bloqueo se incurrió en posibles delitos relacionados con ataques a las vías generales de comunicación. Porque el derecho a manifestarse existe, sí, pero también existe el derecho de millones de personas a transitar libremente por una carretera federal.
La protesta social no puede convertirse en secuestro carretero. Y mucho menos en herramienta de presión política disfrazada de causa ciudadana.