Redacción
El grupo legislativo de Morena en el Congreso de Querétaro presentó una propuesta para que el Gobierno estatal destine a los municipios el 22.5 por ciento de los ingresos propios que recauda, una medida que representaría aproximadamente mil 675 millones de pesos al año.
La diputada Claudia Díaz Gayou explicó que la iniciativa forma parte de un paquete de 10 propuestas legislativas orientadas a modificar la distribución de los recursos públicos rumbo al presupuesto estatal de 2027. El planteamiento busca fortalecer las finanzas municipales y establecer reglas que reduzcan la discrecionalidad en la asignación del dinero público.
De acuerdo con la legisladora, el Gobierno estatal obtiene alrededor de 7 mil millones de pesos anuales por concepto de ingresos propios, entre ellos el impuesto sobre nómina, la tenencia vehicular y los gravámenes ecológicos. Morena plantea que una parte de esa recaudación se distribuya entre los municipios mediante un mecanismo establecido en la ley.
La propuesta contempla que las transferencias se realicen de manera directa y automática, bajo criterios de transparencia, sin que los ayuntamientos tengan que gestionar convenios, presentar solicitudes particulares o depender de autorizaciones para financiar proyectos específicos.
Díaz Gayou señaló que este esquema permitiría ampliar la capacidad financiera de los gobiernos municipales, especialmente de aquellos que enfrentan mayores necesidades presupuestales. Entre los municipios que podrían beneficiarse mencionó a Tolimán, Amealco, Cadereyta, Ezequiel Montes y San Joaquín.
Además de plantear una nueva distribución de los ingresos estatales, el paquete legislativo incluye modificaciones al reparto de las participaciones federales. La propuesta busca ajustar los criterios de asignación para otorgar mayor relevancia a indicadores de pobreza y marginación.
Con estas iniciativas, la bancada de Morena pretende impulsar cambios en el modelo de distribución de los recursos públicos en Querétaro, con miras a la integración del presupuesto estatal de 2027. Las propuestas deberán avanzar en el proceso legislativo correspondiente para determinar su eventual aprobación y aplicación.