Redacción
La llamada ‘estafa regia’ ha puesto bajo la lupa al gobierno de Nuevo León tras la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR). El caso involucra la presunta triangulación de más de 7,200 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025, a través de transferencias a diversas empresas y, de manera destacada, a un despacho jurídico vinculado con el gobernador Samuel García y su padre.
El señalamiento fue retomado por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien calificó el esquema como “la estafa regia” y exigió una investigación exhaustiva para identificar a los beneficiarios finales. Según la ASF, 928.13 millones de pesos habrían sido canalizados específicamente a dicho despacho, lo que ha encendido las alarmas en el ámbito político y social.
¿Cómo operó el presunto esquema de triangulación?
De acuerdo con la información oficial, la ASF identificó cuatro rutas de transferencia de recursos públicos. Estas rutas habrían permitido que el dinero saliera de las arcas estatales y llegara a empresas privadas, algunas de ellas presuntamente utilizadas para simular operaciones o emitir facturas falsas. El monto total bajo sospecha supera los 7,200 millones de pesos, una cifra que representa un golpe considerable a las finanzas públicas de Nuevo León.
Uno de los hallazgos más relevantes es que 928.13 millones de pesos terminaron en un despacho jurídico con vínculos directos al gobernador Samuel García y su familia. Este dato ha sido central en las declaraciones de Ramírez Cuéllar, quien sostiene que el caso debe investigarse a fondo para deslindar responsabilidades y evitar cualquier intento de encubrimiento.
¿Qué acciones han tomado las autoridades y los legisladores?
La denuncia penal fue presentada por la ASF el 16 de octubre de 2026, tras la revisión de la cuenta pública estatal correspondiente a 2025. En paralelo, Ramírez Cuéllar recordó que desde octubre de 2025 había advertido sobre posibles esquemas de facturación falsa y simulación de operaciones en la administración estatal.
El legislador también presentó el 29 de julio de 2026 un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitando una auditoría integral a los recursos federales ejercidos por Nuevo León. Esta solicitud fue aprobada el 19 de agosto de 2026, lo que permitió a la ASF profundizar en la revisión y derivar en la denuncia penal.
Además, Ramírez Cuéllar ha pedido la reinstalación de la Comisión Anticorrupción en el Congreso de Nuevo León para reactivar el proceso de juicio político contra el gobernador, actualmente suspendido por una resolución judicial. El diputado también impulsa una reforma constitucional para eliminar el fuero y fortalecer los procedimientos de juicio político, presentada el 30 de octubre de 2026.
¿Qué han dicho los protagonistas del caso?
En un comunicado emitido el 1 de noviembre de 2026, Ramírez Cuéllar fue enfático: “Con la ‘estafa regia’, Samuel García se convirtió en el rey de la triangulación de recursos públicos y la facturación falsa”. El legislador subrayó que la exigencia es clara: “Investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, sin encubrimientos ni privilegios para nadie. Ningún gobernador, legislador, funcionario público o empresario puede colocarse por encima de la ley”.
Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una respuesta pública detallada sobre las acusaciones ni sobre la denuncia penal presentada por la ASF. El caso sigue generando reacciones en el ámbito político nacional y local, con llamados a la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Qué consecuencias podría tener la ‘estafa regia’ para Nuevo León y el país?
El presunto desvío de más de 7,200 millones de pesos representa un posible daño patrimonial de gran magnitud para el estado de Nuevo León. De comprobarse los hechos, las consecuencias legales podrían incluir sanciones administrativas, inhabilitaciones y procesos penales contra funcionarios y particulares involucrados.
En el plano político, el caso ha reavivado el debate sobre la corrupción en los gobiernos estatales, la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y la urgencia de eliminar el fuero para servidores públicos. La exigencia de una investigación independiente y sin privilegios busca evitar que el caso quede impune y siente un precedente para futuras administraciones.
¿Qué sigue en la investigación y el proceso legislativo?
La FGR deberá determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso y proceder contra los presuntos responsables. Por su parte, el Congreso de Nuevo León enfrenta la presión de reinstalar la Comisión Anticorrupción y reactivar el juicio político contra el gobernador, en medio de un clima de tensión política y social.
A nivel federal, la iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero y fortalecer los procedimientos de juicio político podría avanzar en las próximas semanas, impulsada por el contexto generado por la ‘estafa regia’. El desenlace del caso será clave para evaluar la efectividad de los mecanismos de control y sanción en el sistema político mexicano.
¿Por qué importa este caso para la ciudadanía?
La ‘estafa regia’ pone en evidencia los riesgos de corrupción y desvío de recursos públicos en los gobiernos estatales. El monto involucrado, la presunta participación de altos funcionarios y la exigencia de transparencia hacen de este caso un referente nacional sobre la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas. Para la ciudadanía, el seguimiento puntual de la investigación y las acciones legislativas será fundamental para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que se refuercen los controles institucionales para evitar que hechos similares se repitan.