Redacción
En un golpe sin precedentes al huachicol fiscal, las autoridades mexicanas han asestado un golpe contundente a una red de contrabando de combustible que operaba a nivel nacional, logrando el decomiso de 10 millones de litros de diesel y la detención de 14 presuntos implicados.
Este caso ha puesto de relieve la magnitud de un delito que, según especialistas, genera un quebranto anual de hasta 177 mil millones de pesos al erario público.
Del decomiso de un buque a la investigación por huachicol fiscal
El pasado 19 de marzo, un buque cisterna con bandera de Singapur atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Autoridades portuarias, alertadas por irregularidades en la documentación, descubrieron que el barco transportaba más de 10 millones de litros de diesel de contrabando.
La embarcación, que supuestamente llevaba aditivos para aceites lubricantes, provenía de Texas y utilizaba documentación falsa para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una práctica conocida como huachicol fiscal o contrabando técnico.
Días después, el entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó el decomiso como “un golpe histórico”.
La investigación subsiguiente, que se extendió por varios meses, permitió a las autoridades desmantelar una compleja red criminal.
El 8 de septiembre de 2025, el secretario García Harfuch, ya en su nuevo cargo, anunció los resultados de la investigación. Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas.
Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Además de las detenciones, se decomisaron 190 contenedores, tractocamiones y remolques, confirmando la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo.
El caso ha cobrado una relevancia aún mayor tras la reciente serie de asesinatos de figuras clave que denunciaban esta red. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, Colima, en noviembre pasado, tras denunciar una presunta mafia de huachicol fiscal.
Días antes, en octubre, Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar en la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima, también fue asesinada en un crimen que la Fiscalía relaciona con la ejecución del marino.
Un golpe histórico que contradice la narrativa de AMLO sobre el huachicol
El aseguramiento de la embarcación con más de 10 millones de litros de combustible, con documentación aduanal irregular, confirmó que el diesel había ingresado a puertos mexicanos con papeles falsos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó el decomiso como “un golpe histórico” al huachicol fiscal, una forma de contrabando que evade el pago de impuestos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS y dio a conocer posteriormente la detención de 14 personas entre los que se encontraban marinos, exfuncionarios de Aduanas y empresarios.
Este hallazgo contrasta con las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones afirmó que su gobierno había logrado erradicar el robo de combustible.
A pesar de la estrategia de combate al robo físico de ductos, este nuevo delito, el huachicol fiscal, o contrabando técnico, ha escalado, aprovechando la apertura del sector energético y la falta de inspecciones en aduanas.
Redes criminales en las altas esferas y asesinatos clave en la red de huachicol fiscal
La investigación de este caso ha revelado la existencia de una red de corrupción que involucra a empresarios, marinos y funcionarios públicos.
García Harfuch anunció la detención de 14 presuntos implicados, tras una investigación que se extendió por varios estados y que ha puesto en evidencia la complicidad de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos en el tráfico ilegal.
La gravedad del asunto se ha visto acentuada por una serie de asesinatos recientes de figuras clave que denunciaban esta red. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR, fueron asesinados tras denunciar presuntas mafias del huachicol fiscal en puertos y aduanas.
A ello se suma la misteriosa muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, quien se suicidió en sus oficinas en Altamira, Tamaulipas, aunque la Secretaría de Marina no mencionó esa palabra.
Asimismo, un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada al vicealmirante Manuel Roberto “F”, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como a nueve personas por el probable delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos.
El Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la muerte del mario fue un tema personal, más no por un asunto federal, versión que fue apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estos crímenes sugieren que la red delictiva de huachicol fiscal ha infiltrado incluso a las más altas esferas, en un país donde, como el propio expresidente López Obrador admitió en 2019, “ningún acto de corrupción ocurre sin el visto bueno del presidente”.