Redacción
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott denunció que el Cártel de Sinaloa mantiene infiltrada a la gobernanza de Baja California, en el marco de un nuevo paquete de sanciones que Estados Unidos impuso este 29 de septiembre de 2026 contra la organización criminal y su red de cómplices políticos.
En su declaración, Pigott afirmó que las designaciones “ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana, particularmente en Baja California, donde asociados del exmarido de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali, y otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las fuerzas del orden”.
El portavoz sostuvo que “esta medida subraya el compromiso de la Administración Trump de desmantelar la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México, desarticular las redes que alimentan el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción, y que amenazan a las comunidades a ambos lados de la frontera”. Según Pigott, “las designaciones de hoy reflejan el enfoque integral que Estados Unidos está adoptando para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y a las organizaciones terroristas extranjeras con las que se relacionan”.
La corrupción señalada por Washington habría permitido al cártel operar con impunidad en zonas fronterizas estratégicas para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, mediante el pago de sobornos a funcionarios de seguridad y operadores políticos de Baja California.
El señalamiento sobre el entorno de la gobernadora
En el centro del esquema de corrupción identificado por el Departamento del Tesoro, y citado por Pigott, aparece Carlos Alberto Torres Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California. Torres es descrito como un operador político vinculado al cártel que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix (“El Ruso”), líder de la facción Los Rusos en Mexicali.