Redacción
El gobierno de Estados Unidos defendió las acciones que lleva a cabo “para combatir la inmigración ilegal y hacer cumplir sus leyes para derrotar a las organizaciones criminales” que afectan la región.
Estados Unidos defiende su política migratoria ante CIDH
Durante la audiencia pública “Situación de derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo”, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del gobierno estadounidense advirtieron que las acciones para remover a personas que no respetan las leyes de ese país, incluidas aquellas que regulan el ingreso de extranjeros, son coherentes con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Además, señalaron que dichas acciones cumplen con las obligaciones establecidas en tratados internacionales.
Lilly Calafell, funcionaria de Asuntos Exteriores en el Departamento de Estado de Estados Unidos, insistió ante representantes de organizaciones civiles y de la CIDH en que su país debe preservar su soberanía.
Como dejan en claro las órdenes ejecutivas del presidente Trump, nuestro gobierno está profundamente comprometido con combatir la inmigración ilegal y hacer cumplir nuestras leyes internas, derrotar a las organizaciones criminales transnacionales y paramilitares que violan nuestra soberanía, matan a nuestros ciudadanos y desestabilizan el hemisferio”, afirmó.
En tanto, los representantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron los abusos que se cometen contra personas migrantes y solicitantes de asilo, así como la violación a sus derechos humanos.
Taylor Koehler, del Centro de Derechos Humanos y Derecho Institucional, cuestionó los abusos cometidos contra menores de edad en los centros de detención.
“Los niños están encarcelados en instalaciones inseguras e insalubres, a menudo separados de sus familias durante la detención, tratados con crueldad e indiferencia, condiciones que ningún niño debería verse obligado a soportar”, indicó.
Por su parte, Matthew Gillet, experto de la ONU y vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, reconoció que Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, pero insistió en que la detención arbitraria es ilícita bajo el derecho internacional. Por ello, pidió establecer alternativas a la detención, como la presentación regular ante las autoridades, soluciones comunitarias, fianza u otras garantías.
En el mismo sentido, Erick Crew, representante de Haitian Bridge Alliance, afirmó que Estados Unidos mantiene su negativa a alinearse con el derecho internacional y que ese país sostiene una campaña extrema anti negros, anti inmigrantes y anti latinos.