Redacción
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En la Cámara de Diputados, la LXV Legislatura arrancó con la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que deroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Acusaron que la Ley Federal de Juicio Político crea un régimen de excepción y protección especial al Primer Mandatario que en los hechos, recalcaron, mantiene el fuero. La mayoría de Morena y aliados del PT y Partido Verde aprobaron el ordenamiento en lo general, con 273 votos a favor.
En lo particular, la Ley se aprobó con 266 votos a favor y 205 votos en contra. La Mesa Directiva informó que el proyecto será enviado al Senado de la República. Aunque se perfiló que no habría modificaciones, a media madrugada, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, propuso ampliar los requisitos para avalar el juicio político contra el Ejecutivo, elevando la votación de mayoría simple a mayoría calificada de dos terceras partes.
Planteó que en todo momento se garantice la presunción de inocencia del mandatario y las sesiones en que se trate el tema deberán ser presenciales. Los cambios aprobados se integraron al dictamen. Al iniciar el análisis, por Morena, el diputado Jaime Humberto Pérez afirmó que con la nueva ley respeta el debido proceso de quienes estén sujetos a juicio político y desafuero. Se abre la puerta a que el Presidente sea acusado y juzgado por todo tipo de delitos, como cualquier otro ciudadano que infrinja la ley, dijo.
Oposición acusa de inconstitucionalidad
La oposición refutó ese argumento. Presentó cuatro mociones suspensivas del debate, las cuales fueron rechazadas. Acusaron violaciones al proceso parlamentario, inconstitucionalidad, la creación ilegal de un régimen especial de protección legal al Primer Mandatario, “venganza” contra gobernadores que no se han doblegado ante el Gobierno Federal y afectación a la división de poderes, al querer obligar a las Legislaturas locales, a asumir órdenes de la Cámara de Diputados.
“Este dictamen de Ley de Juicio Político es más bien un instrumento de poder y venganza de un solo hombre. Cualquier partido que tenga mayoría en cualquiera de las Cámaras será suficiente para cambiar el curso de la historia en el país y remover a un presidente o a un gobernador que fue legítima y democráticamente electo. Es una ley mediocre e inútil que tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que nos e han dejado intimidad por ese centralismo que tanto daño le ha hecho al país”, sentenció la diputada del PAN, Annia Gómez.
“Porque no se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para estabilidad del país. Plantean la creación de un tribunal especial para juzgar penalmente al presidente ante el Senado, se corre el riesgo de transformar el proceso penal en uno de corte político, donde la libertad de una persona queda sujeta a la consideración de las mayorías y no a la consideración de un juez”, alertó el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza.
¿Qué establece la Ley de Juicio Político?
La norma establece reglas para someter a proceso de responsabilidad penal al Presidente de la República, por delitos de traición a la patria, corrupción, electorales y los que ameriten prisión preventiva oficiosa. Si la Cámara de Diputados considera que el Primer Mandatario cometió delitos, el Senado deberá erigirse en Jurado de Sentencia y determinar si las acusaciones son procedentes.
“Se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente, cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la Patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier otro ciudadano o ciudadana”, remarcó el diputado Pérez Bernabe, al defender la moción.