Redacción
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León presentó ante el Congreso local un informe que documenta nuevas triangulaciones de recursos públicos hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), vinculado al gobernador Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. El monto de las operaciones detectadas asciende a 1,793.9 millones de pesos, de los cuales 1,696.6 millones corresponden a 786 transferencias bancarias realizadas por proveedores y contratistas del Gobierno estatal.
Estas presuntas irregularidades forman parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025 y se suman a denuncias previas por esquemas similares, lo que ha generado un clima de tensión política en Nuevo León. La oposición en el Congreso local exige explicaciones inmediatas sobre el destino de los recursos y la autorización de los pagos, mientras la administración estatal enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo del presupuesto.
De acuerdo con el informe de la ASE, los recursos desviados no solo involucran transferencias directas, sino también rendimientos financieros generados por los fondos, elevando el monto bajo investigación a 2,115.4 millones de pesos. Además, se detectaron compras con sobreprecios en dependencias como el DIF estatal, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e Isssteleón, así como triangulaciones adicionales desde estas instituciones hacia el despacho legal.
¿Cómo operaba el esquema de triangulación?
Según la ASE, el mecanismo consistía en que proveedores y contratistas del Gobierno estatal recibían pagos por servicios o adquisiciones, y posteriormente realizaban transferencias bancarias al despacho FJyFA. En total, se identificaron 786 operaciones por un monto de 1,696.6 millones de pesos. A esto se suman 418.8 millones en rendimientos financieros generados por los recursos, lo que incrementa la cifra total bajo observación.
El informe detalla que 23.2 millones de pesos fueron desviados específicamente a través de proveedores del DIF Nuevo León, mientras que 74.1 millones provinieron de la UANL e Isssteleón. Estas operaciones habrían seguido un patrón de simulación y triangulación, con el objetivo de canalizar fondos públicos hacia cuentas vinculadas a la familia del gobernador.
¿Qué otras irregularidades detectó la ASE?
Además de las triangulaciones, la Auditoría Superior del Estado reportó compras con sobreprecios en diversas dependencias. Un caso destacado es la adquisición de chayote a 300 pesos el kilo en el DIF estatal, lo que sugiere posibles actos de corrupción o malversación de fondos.
En total, la ASE señaló que el Gobierno estatal y sus organismos acumulan 61,001 millones de pesos en observaciones no solventadas, lo que representa un reto significativo para la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública de Nuevo León.
¿Qué dice la Auditoría Superior de la Federación?
Estos hallazgos se suman a una denuncia penal presentada el 16 de octubre de 2026 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia federal involucra una triangulación mayor, estimada en más de 7,200 millones de pesos, bajo un esquema similar de proveedores y empresas vinculadas a la familia García.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández, declaró: “Identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”.
¿Cuál ha sido la reacción política en Nuevo León?
La presentación del informe de la ASE ha intensificado la presión sobre el gobernador Samuel García y su administración. La bancada opositora “Recuperemos Nuevo León” exigió una aclaración inmediata sobre el destino de los recursos y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. “Samuel García tiene que explicar qué está pasando con el dinero de Nuevo León, porque mientras su Gobierno pide más recursos y más deuda, la Auditoría encuentra operaciones millonarias que siguen sin aclararse”, señalaron legisladores opositores.
El clima político se ha tensado aún más debido a la discusión del presupuesto 2027, en la que la oposición ha condicionado su apoyo a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la resolución de las observaciones señaladas por la ASE y la ASF.
¿Qué implica para el gobierno de Samuel García?
El despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), señalado como beneficiario de las triangulaciones, ha sido objeto de investigaciones periodísticas desde 2024, que ya vinculaban al gobernador y a su padre como socios mayoritarios. Las nuevas revelaciones refuerzan las sospechas sobre posibles conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos.
El monto total bajo investigación, que supera los 2,100 millones de pesos solo en la revisión estatal más reciente, representa un golpe a la credibilidad de la administración de Samuel García. Además, la acumulación de observaciones no solventadas y la existencia de denuncias penales a nivel federal podrían derivar en consecuencias legales y políticas de mayor alcance.
¿Qué sigue en la investigación?
La ASE y la ASF han solicitado a las autoridades correspondientes que se esclarezca el destino final de los recursos y se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. El Congreso local ha anunciado que dará seguimiento puntual a las investigaciones y exigirá comparecencias de los funcionarios involucrados.
Mientras tanto, la sociedad civil y organizaciones de transparencia han pedido que se garantice el acceso a la información y se sancione a quienes resulten responsables, en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas se encuentra bajo escrutinio.

