Redacción
La Ley General en Materia de Delitos Electorales debe contemplar que aquellos que pidan evidencia del voto también en versión digital, deben ser sancionados, pidieron integrantes de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.
El coordinador Reginaldo Sandoval y su compañero de fracción, José Luis Téllez también pidieron ir contra influencers y figuras públicas en distintos ámbitos como el deporte, política, espectáculos y sociedad, que se presten a incidir en el sentido del voto.
Contra influencers que se presten a inducir el voto
Propusieron agregar a la norma que aquellos que, con el fin de obtener remuneración debido a su reputación o fama difunda en cualquier plataforma digital, fotografías o videos de la boleta electoral, evidenciando el sentido del voto para influenciar, persuadir o coaccionar a los electores, deberán ser sancionados.
A esas personas se les aplicará la pena prevista en la ley, de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, plantearon.
No sacar foto o video del voto
En cuanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los promoventes señalaron que se debe armonizar con su propuesta de sancionar a quien solicite u ordene a un votante a confirmar el sentido de su voto a través de evidencias digitales, o bien de cualquier modo viole el derecho del ciudadano a votar en secreto.
En el caso de los procedimientos electorales, plantearon que durante los tres días previos a la jornada electoral y hasta el cierre oficial de casillas, quedará prohibido publicar o difundir por cualquier medio, fotos o videos de la boleta electoral.
Asimismo pidieron precisar en la ley que los presidentes de las mesas directivas de casilla, deberán informar al ciudadano “que la veda electoral finaliza al término de la jornada electoral, por lo que nadie debe tomar o solicitar fotografías o videos con el sentido del voto, ya que podría incurrir en un delito electoral”.
Delitos electorales por la vía digital
En la argumentación, los petistas subrayaron que a los retos a enfrentar en los siguientes procesos electorales, aunado a la lucha contra la desinformación y las noticias falsas que pueden afectar la percepción y el sentido del voto, se suman las redes sociales que han amplificado el problema.
Las comunicaciones digitales se han convertido en un campo donde la manipulación de la información puede tener efectos negativos en las elecciones, indicaron.
Relataron que en el estado de Michoacán, la violencia política es “una amenaza latente” y al combinarse con la operación del crimen organizado, la situación se agudiza, porque puede significar un riesgo para la vida de candidatos y funcionarios, aunado a que intimida a los votantes.
En esa entidad se ha denunciado que hay organizaciones criminales que sacaron “su ejército” a las calles, municipios y zonas rurales, para ordenar en lugares donde operan, por quién votar para las presidencias municipales y otros puestos.
Subrayaron que los hechos no fueron aislados ni en unos municipios sino en toda la entidad.
Hay testimonios, dijeron, de que se les amenazaba con desplazarlos de sus municipios o matarlos, si no le sacaban foto a la boleta para mostrarla y comprobar el sentido del voto.
Influencers se prestan a manipular el voto
A las modalidades empleadas para manipular el voto y garantizar triunfos para determinados candidatos y partidos, se han sumado las intervenciones de “influencers” o figuras públicas, alertaron.
A través de las redes sociales, las figuras públicas e “influyentes” envían mensajes con propaganda disfrazada y sugerencias para definir el voto por determinados aspirantes y fuerzas políticas, recalcaron Sandoval Flores y Téllez Marín.
“En las próximas elecciones federales y locales es necesario asegurarse de que exista equidad en las contiendas electorales, eliminado o reduciendo al mínimo, los mecanismos de coacción que ha implantado el crimen organizado y otros actores ilegítimos que obliga a los ciudadanos a registrar su voto mediante fotografías o videos, violando la secrecía del sufragio”, enfatizaron.
Añadieron que su propósito es “preservar la libre expresión de la voluntad popular, garantizar la confidencialidad del voto y proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de intimidación o represalia y de esta forma garantizar elecciones libres y auténticas, exentas de coacción e influencia de factores indebidos”.