Redacción
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala dio a conocer que el empresario poblano Ignacio Alarcón N., presidente nacional de la Canirac y dueño del restaurante Mr. Pampas, fue declarado penalmente responsable del delito de despojo, tras haberse apropiado de manera ilegal, en el año 2015, de unos terrenos ubicados en el municipio de Huamantla, los cuales eran propiedad de Rafael N.
Este medio buscó al sentenciado para conocer su postura respecto a la resolución judicial y para confirmar su situación legal actual; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta formal, pues se limitó a emitir un mensaje mencionado que se comunicaría más tarde.
A través de una sentencia emitida el pasado 6 de enero y que se encuentra en poder de este medio, la autoridad judicial informó que, una vez concluido el proceso de investigación y desahogo de pruebas, se determinó la responsabilidad penal del empresario, por lo que deberá enfrentar las sanciones correspondientes al delito acreditado.
Empresario puede sustituir pena corporal por sanción económica
En el fallo se establece que Ignacio Alarcón N. deberá cumplir una pena de seis meses y 11 días de prisión, además del pago de una multa equivalente a 14 días de salario mínimo vigente en el estado al momento de los hechos, el cual en 2015 era de 70.10 pesos diarios.
No obstante, la sentencia precisa que, debido a que la pena impuesta no rebasa los dos años de prisión, al acusado se le podrá conceder el beneficio de la sustitución de la pena corporal por una sanción económica, lo que le permitiría no ingresar a prisión, conforme a lo establecido en la ley.
El documento judicial también contempla la reparación del daño en favor de la víctima, Rafael N., la cual incluye la entrega de las parcelas despojadas o, en su caso, el pago de su valor comercial, así como la indemnización por daño material o moral y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
Este asunto penal se originó en 2015, cuando el empresario tomó posesión de los predios sin contar con derecho legal alguno, lo que derivó en un proceso penal que se mantuvo activo durante varios años hasta llegar a una sentencia definitiva.