Redacción
Las niñas y las adolescentes representan la mayoría de las víctimas reportadas en crímenes de alto impacto en México, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), difundido en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
Según el documento, ellas concentran 92.8% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales; 66.6% de las personas menores de edad reportadas como desaparecidas, y 73.4% de las víctimas de trata entre niñas, niños y adolescentes.
Redim señaló que, aunque representan 49.3% de la población de 0 a 17 años, este grupo continúa enfrentando “graves desigualdades y violencias” y reportó que, a nivel nacional, el acoso escolar entre estudiantes de 12 a 17 años es mayor en mujeres que en hombres; lo mismo ocurre con el ciberacoso y el ciberacoso sexual entre usuarias de internet del mismo rango de edad.
En reacciones desde organizaciones civiles, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmó que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) “se encuentra hoy debilitada, opaca e ineficiente”, y advirtió que, a un año de que la Secretaría de las Mujeres asumiera su seguimiento, “no se observan avances”.
El OCNF sostuvo que se reformó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas, lo que, indicó, deja los informes sujetos a lo que determine un sistema nacional que ha mostrado ineficacia frente a problemáticas estatales.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio, afirmó que lo que se observa no es un fortalecimiento del Estado ante la violencia feminicida, sino un debilitamiento de mecanismos construidos durante años, y cuestionó la centralización de decisiones sin rendición de cuentas y la posibilidad de levantar alertas sin evaluaciones públicas y técnicas.
En el mismo contexto, la organización Voces del Territorio de México —que reúne mujeres indígenas— expuso que el desplazamiento forzado persiste en diversas zonas y afecta de forma particular a mujeres originarias, al implicar pérdida de hogar, territorio y red comunitaria. Citó un reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre los riesgos adicionales que enfrentan al asumir jefaturas de hogar tras desaparición, muerte o separación de sus parejas.
La organización añadió que, conforme a referencias de la Organización Mundial de la Salud, los contextos de conflicto y movilidad forzada incrementan la violencia basada en género, por lo que planteó que las políticas públicas y la atención humanitaria incorporen enfoque de género y perspectiva cultural, con acceso integral a salud, prevención y atención de la violencia, acompañamiento psicosocial y rutas de reparación y justicia.
*Con información de La Jornada