Redacción
El expresidente izquierdista peruano Pedro Castillo fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3.5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
Betssy Chávez, exprimera ministra, condenada también a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella; y sobre el exministro del Interior Willy Huerta.
La Sala Penal Especial del de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró a Chávez como coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y al ex primer ministro y entonces jefe del gabinete de asesores del presidente, Aníbal Torres.
El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez, que permanece en la sede diplomática sin que el Gobierno de transición de Perú, con el presidente interino José Jerí al mando, haya concedido el salvoconducto para que pueda viajar a México.
Chávez también recibió dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de pagar junto a los demás implicados una indemnización al Estado de 12 millones de soles (unos 3.5 millones de dólares).