Redacción
El día que en España se abrió el debate sobre la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes, la noticia apenas ocupó unos minutos en algunos informativos japoneses, pero dejó una estela en las conversaciones cotidianas dentro de la Red de Solidaridad con los Migrantes de Japón, una ONG de Tokio. “Nosotros estamos frente a una encrucijada demográfica sin precedentes: somos el país desarrollado más envejecido del mundo y la fuerza laboral se contrae”, señala Akito Tanaka, coordinadora de programas sociales de la citada organización.
“Negarnos a aceptar un flujo adecuado de migrantes no sólo es ignorar la realidad económica, sino también renunciar a nuestro futuro colectivo. Las políticas que están limitando cada vez más la entrada de trabajadores extranjeros están agravando precisamente este problema”, continúa.
En Japón, la idea de legalizar de golpe a una gran población de trabajadores extranjeros suena, para la gran mayoría, inconcebible. El Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi ha puesto la campaña antimigratoria en el centro de la política nacional. Una de sus primeras decisiones al asumir el cargo el pasado octubre fue crear una oficina destinada a promover lo que definió como una “sociedad de coexistencia ordenada con extranjeros”.
Al frente de esta oficina, Takaichi colocó a una mujer que está emergiendo como otra figura de la derecha japonesa: Kimi Onoda, de 42 años, hija de madre japonesa y padre irlandés-estadounidense. Una política atípica, por origen y trayectoria, que se ha convertido en un pivote de la nueva línea dura sobre migración en un país históricamente aislacionista.
Onoda nació en Chicago y se crio en Okayama, al oeste de Japón. Los medios locales han contado que sufrió acoso escolar por su apariencia mestiza, que es amante del manga y los videojuegos, y que trabajó como modelo antes de dar el salto a la política de la mano del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), donde ascendió de concejala municipal en 2011 a senadora en 2016.
La llegada de Takaichi le abrió una nueva puerta en su carrera: fue nombrada ministra de Estado para la Seguridad Económica y, sobre todo, ministra encargada de una “Sociedad de Convivencia Ordenada y Armoniosa con Extranjeros”, el cargo recién creado.
La narrativa oficial de Onoda es clara: Japón debe proteger su orden social y aplicar con rigor las leyes migratorias. Ella y su equipo están empujando para endurecer requisitos de permisos de residencia, mejorar sistemas de control de visados y evaluar con detalle la adquisición de propiedades por parte de extranjeros.
Este ha sido un campo de batalla central durante las elecciones del pasado domingo que ganó por goleada Takaichi, quien ha declarado que el objetivo de la oficina que dirige Onoda es reforzar la vigilancia de la inmigración irregular y preparar políticas más restrictivas.
“Cuando el Gobierno prioriza el control y la exclusión por encima de la integración, está cerrando la puerta a quienes podrían contribuir significativamente al tejido social y económico de Japón”, critica Naomi Suzuki, activista de derechos humanos. “Las retóricas xenófobas y las medidas restrictivas no sólo dañan la reputación internacional de Japón, sino que también alimentan un clima de miedo”, opina Daisuke Hara, otra activista que coordina una red de grupos cristianos que ayudan a migrantes en Tokio.
En Japón, los residentes extranjeros representan apenas alrededor del 3% de la población. Sin embargo, en los últimos años, la cuestión migratoria ha pasado de ser un asunto burocrático a ocupar el centro del debate político. En el discurso de Takaichi, la inmigración no aparece como una solución al envejecimiento del país, sino como un fenómeno que debe mantenerse bajo supervisión constante para no alterar la armonía social.
El turismo masivo también está alimentando el rechazo hacia lo que viene de fuera. En barrios de Kioto o Asakusa, algunos vecinos se quejan de la saturación, del ruido y de la transformación de tiendas tradicionales en negocios orientados al visitante. A eso se suma el temor, muy presente en los medios y en redes sociales, de que inversores extranjeros están aprovechando la debilidad del yen para comprar propiedades a bajo precio.