Redacción
Por unanimidad, diputados locales aprobaron en sesión de pleno una reforma a la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, con la que se reconoce la estrategia Sinergia como una instancia del Sistema Estatal de Seguridad, la cual fue aprobada por el Consejo Estatal de Seguridad, el pasado 28 de octubre del 2025.
A partir de su implementación, y de acuerdo con la información de las autoridades, se ha logrado la disminución del 30% de homicidios dolosos en 2025; se triplicó la operatividad de la fiscalía, al superar los más de mil 700 cateos en un año, incrementando las detenciones y aseguramientos relacionados con la comisión de delitos. Esta estrategia busca resaltar la coordinación entre autoridades estatales, municipales y otras instituciones, para mejorar la prevención del delito y respuesta pronta.
“SINERGIA integra y sistematiza los datos e información que permitan a las instituciones de seguridad competentes, diseñar estrategias que incidan en una disminución de la violencia y de los delitos de alto impacto en la entidad y en la región a la que pertenece Querétaro”, menciona el dictamen.
Asimismo, se aprobó la creación de una Unidad Especializada en Materia de Extorsión, por lo que se reformaron los artículos 6 y 20 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Con este cambio se busca promover la cooperación, colaboración e intercambio de información entre los diferentes órdenes de gobierno e instituciones para fortalecer el combate a la extorsión y facilitar la atención de la procuración de justicia.
Esta unidad estará adscrita a la Dirección de Acusación, contará con el personal y recursos humanos, materiales y tecnológicos para su labor, ya que “realizará acciones de colaboración, intercambio de información y coordinación con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para la atención del delito de extorsión”.
Finalmente, se aprobó la iniciativa de ley que deroga el delito de extorsión en el Código Penal para el Estado de Querétaro, con lo que se adopta el marco general nacional, ya que “la extorsión ha dejado de ser un fenómeno meramente local para convertirse en una conducta delictiva que opera mediante redes interestatales e incluso internacionales. Por ello, su tratamiento aislado en los códigos penales estatales resultaba insuficiente y fragmentado”.