Redacción
Lo que ocurre en la Carretera Federal 57, en el tramo que conecta El Colorado con Avenida Paseo 5 de Febrero, dejó de ser una serie de hechos aislados para convertirse en un patrón constante: un corredor vial donde el riesgo es permanente y las tragedias se repiten.
En los últimos cinco años, este segmento se ha consolidado como uno de los más peligrosos del país. Con un promedio cercano a un accidente diario y decenas de muertes acumuladas, la vía refleja no solo imprudencias individuales, sino un problema estructural: una carretera federal que opera como avenida urbana, saturada por transporte pesado, tráfico local y flujos de largo recorrido.
Los hechos recientes refuerzan esta realidad.
El 3 de septiembre de 2025, una carambola en este mismo tramo dejó como saldo la muerte de un motociclista, en un accidente que involucró múltiples vehículos y evidenció nuevamente la combinación letal de alta velocidad, falta de distancia y congestionamiento.
Apenas esta semana, el pasado martes, otro accidente volvió a encender las alarmas. En el mismo corredor, un percance de consideración dejó al menos dos personas fallecidas de manera preliminar, confirmando que la siniestralidad en la zona no ha cedido pese a obras, ajustes viales y operativos anunciados.
Sin embargo, el problema no solo es técnico o de infraestructura, también es institucional.
Durante la administración municipal pasada, se estableció un acuerdo para municipalizar el tramo comprendido desde la Fiscalía General del Estado de Querétaro hasta la zona de Paseo 5 de Febrero. Como parte de esta estrategia, agentes de movilidad municipal llegaron a supervisar la circulación y aplicar medidas de control en la zona.
Hoy, ese esquema parece haber desaparecido.
Con la llegada de la nueva administración municipal de Querétaro, ya no se observa la misma presencia operativa ni continuidad en dicho acuerdo, lo que ha reabierto el vacío de autoridad en uno de los tramos más conflictivos de la vialidad.
Al respecto, el presidente municipal Felifer Macías señaló en rueda de prensa que la Carretera 57 es de competencia federal, y que el municipio insistirá ante las instancias correspondientes para que se atienda la problemática.
La declaración, sin embargo, deja abierta una tensión evidente: mientras los distintos niveles de gobierno delimitan responsabilidades, los accidentes continúan.
Especialistas han advertido que el diseño de la vía —donde conviven transporte de carga, vehículos particulares y accesos urbanos— genera condiciones propicias para siniestros de alta gravedad. A ello se suman obras prolongadas, señalización irregular y cuellos de botella que incrementan el riesgo.
El resultado es una carretera que no perdona errores.
A pesar de ligeras reducciones en algunos indicadores anuales, la gravedad de los accidentes —muchos de ellos fatales— mantiene a este tramo en niveles críticos. La letalidad sigue siendo alta, y cada nuevo incidente confirma que el problema no ha sido resuelto, solo administrado.
Mientras tanto, miles de automovilistas circulan diariamente por una vía donde el margen de error es mínimo y las consecuencias, frecuentemente, irreversibles.
La Carretera 57, en Querétaro, ya no es solo una ruta de tránsito: es un punto rojo sostenido en el mapa nacional de la movilidad.
Y, hasta ahora, una crisis sin solución de fondo.