Redacción
Con la finalidad de analizar los aspectos normativos que rigen a la Guardia Nacional, sus antecedentes de creación, su naturaleza jurídica y la percepción de la población en torno a esta corporación, en comparación con otras instancias policiales del país, la Dra. Silvia Borbolla Suárez —en colaboración con el Dr. Adolfo Humberto Vega Perales—, realizaron la investigación “La Guardia Nacional en el Sistema Penal Acusatorio”. Ambos son docentes e investigadores de la Facultad de Derecho (FDe) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
En este sentido, la Dra. Borbolla Suárez explicó que se estudiaron las tareas policiales y de seguridad pública de la institución federal, para lo cual utilizaron el método experimental y descriptivo, recurriendo a varios autores, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como a la normatividad vigente de reciente adecuación, a efecto de ubicar su importancia y participación en el nuevo sistema penal mexicano.
En el marco del análisis, se concluyó que el Sistema Penal Acusatorio en México surgió como respuesta a las deficiencias del modelo mixto, caracterizado por procesos lentos, baja eficacia y reiteradas vulneraciones a los derechos humanos. La reforma constitucional de 2008, implementada de manera plena en 2016, transformó el papel de los operadores del engranaje jurídico, particularmente de las instituciones de seguridad pública.
Subrayó que, en este esquema, primero la Policía Federal y posteriormente la Guardia Nacional asumieron funciones clave como primeros respondientes, con atribuciones en el procesamiento de la escena del delito y labores de investigación bajo la conducción del Ministerio Público, lo que los convirtió en actores centrales para la correcta operación del modelo acusatorio.
No obstante, la Dra. Silvia Borbolla acotó que el desempeño de la Guardia Nacional se encuentra estrechamente vinculado con la visión ciudadana de la seguridad pública, en un contexto donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 indican que, si bien esta corporación registra niveles de confianza superiores a los de policías estatales y municipales, aún enfrenta retos significativos.
Finalmente, la también integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) detalló que, entre estos desafíos, destacan la profesionalización de sus elementos, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional. Su consolidación, señala el estudio, resulta estratégica dentro de las políticas públicas de seguridad del Estado mexicano.