Redacción
Este 2026 se cumplen 30 años de la absolución del músico Laureano Brizuela tras ser acusado por el Estado mexicano de “fraude fiscal”, y tras sentencias en su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la búsqueda de justicia por el daño que se le causó, el compositor denuncia la negativa del gobierno mexicano para pagarle mil 600 millones de pesos (poco más de 84 millones de dólares al tipo de cambio actual), en compensación.
También conocido como el Ángel del rock, en 2006 publicó su relato sobre la detención (1989) y encarcelamiento (1990) que padeció durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, así como su posterior absolución (1996).
Bajo el título Infamia del poder en México. Mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores (Grijalbo), el artista de origen argentino habla del presunto fraude por el que fue perseguido por Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), funcionario que a la postre fue titular de esta institución gubernamental en el gobierno del panista Vicente Fox.
En entrevista con Proceso (#1552) relató cómo, aunque absuelto, no se le devolvió el dinero que el gobierno mexicano le “robó”, ni mucho menos el daño moral, económico y profesional causado.
En casi 300 páginas el músico narró toda la experiencia, el desgaste, y los nombres que rodearon su caso: desde Emilio Azcárraga Milmo, Alejandro Burillo, Raúl Velasco (tanto el padre como el hijo), Guillermo Cañedo, Florentino Ventura, Javier Coello Trejo, Guillermo González Calderoni, Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios, Guillermo Hamdan, hasta los capos Juan García Abrego, Félix Gallardo, Don Neto y Rafael Caro Quintero, que de una u otra manera fueron testigos o figuras del acoso al que lo sometió Hacienda.
Todo ello a raíz de que Raúl Velasco junior, quien fuera su representante y cabeza de Producciones Vela, le llevara la contabilidad, pero sin declarar impuestos ni cumplir con el pago a personal involucrado en sus actividades artísticas… a Velasco hijo, según su relató, lo “salvó” el padre, y a él lo dejaron para enfrentar la mano de hierro fiscal, judicial y política.
Tras su absolución en los noventa, Brizuela (Salta, Argentina, 1949) demandó a la Secretaría de Hacienda en un caso que duró nueve años sin que sucediera nada.
Luego, en 2018, en un texto titulado “Fin a la guerra sucia contra Laureano Brizuela” (Proceso, 2176), el cantante y compositor recordó que siguió la búsqueda de la justicia llevando su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
En el informe de admisibilidad de la CIDH (con fecha del 25 de julio de 2014 y número 64/14, Petición 806-06), Brizuela denunció al Estado mexicano como el responsable de la violación de derechos consagrados en los artículos: 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 10 (derecho de indemnización por condena errada), 11 (protección de la honra y dignidad), 14 (derecho de rectificación y respuesta), 21 (derecho de propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión declaró admisibles los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 21 y 25.
Además, existe un Informe de Fondo de la CIDH del Caso Laureano Brizuela contra el Estado mexicano #12.967, publicado el 27 de noviembre de 2019.
Hoy, a siete años de distancia de ese último suceso dijo desde las oficinas de Proceso.