Redacción
En sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local, con la asistencia del diputado Guillermo Vega Guerrero, Enrique Correa Sada y Homero Barrera McDonald, presidente, secretario, e integrante, respectivamente, fue aprobado por unanimidad el Dictamen de la “Iniciativa de Ley que reforma la fracción VII del artículo 51 y adiciona un párrafo al diverso 133 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en materia de justicia cívica administrativa con perspectiva de género”.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Elisa Meza Argaluza, coordinadora de la Fracción Legislativa del PRI, quien estuvo presente en esta sesión y, al hacer uso de la voz, expresó que incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica administrativa no es una cuestión ideológica, sino una obligación constitucional derivada de los artículos 1º y 4º de la Carta Magna y de compromisos internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
“Pero más allá del marco normativo, esta reforma tiene un sentido político profundo, reconoce que el poder punitivo del Estado debe ejercerse sin reproducir violencia institucional. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia institucional como aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos que mediante estereotipos o prácticas discriminatorias obstaculizan el ejercicio del derecho. Esta reforma propone algo más sencillo, pero poderoso, que policías municipales y jueces cívicos estén obligados por ley a actuar con perspectiva de género conforme a protocolos claros, evitando la revictimización y protegiendo la dignidad e integridad de las mujeres, ya sean ofendidas o probables infractoras. No se pide trato preferencial, se pide trato justo”, puntualizó la legisladora.