Redacción
Las 25 autoridades comunitarias indígenas electas bajo usos y costumbres en asambleas libres y autónomas, manifestaron su rechazo a las acciones recientes del presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, a quien acusan de excluir deliberadamente a los pueblos originarios del municipio, vulnerando sus derechos colectivos y desconociendo su representación legítima.
En un pronunciamiento público, denunciaron que el pasado 19 de junio se llevó a cabo un evento oficial en el que, a pesar de la presencia del secretario del Ayuntamiento en representación del alcalde, no fueron convocadas las autoridades comunitarias reconocidas constitucionalmente tras la reforma al Artículo 2º de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, y validadas mediante sentencia judicial.
Según señalaron, esta omisión representa una afrenta directa a su derecho a la libre determinación y autonomía, principios fundamentales del nuevo marco legal en materia de pueblos indígenas.
Además, acusaron que el evento fue manipulado para favorecer intereses externos a las comunidades, convocando únicamente a autoridades auxiliares que no representan la voluntad colectiva de los pueblos originarios.
Asimismo, denunciaron la exclusión del regidor síndico Guillermo Ramírez Carbajal, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, así como del enlace indígena municipal, lo que consideraron una muestra clara de la intención de centralizar decisiones y controlar recursos federales destinados a las comunidades, como los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PIAM).
Las autoridades comunitarias acusaron también un patrón de colusión entre el alcalde y la titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro-Guanajuato, Carmen Álvarez Juárez, a quien atribuyen señalamientos por clasismo, corrupción y discriminación en otros estados del país.
Frente a este panorama, exigieron respeto pleno a su autonomía, el cese inmediato de la intromisión del gobierno municipal en los procesos internos de las comunidades, y que los recursos federales lleguen directamente a sus destinatarios sin intermediarios.
También demandaron la salida de cualquier funcionario que promueva el divisionismo y atente contra la dignidad e identidad de los pueblos originarios. “Hoy más que nunca, la voz de los pueblos indígenas de Ezequiel Montes se levanta con dignidad y firmeza. No permitiremos retrocesos ni imposiciones”, advirtieron.