Redacción
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculó a proceso a 27 personas presuntamente implicadas en el desvío de 96 millones de pesos mediante un esquema ilegal de “aviadores” en el sector educativo.
La indagatoria, revelada tras denuncias presentadas por la actual administración estatal los pasados 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo, señala que la organización operaba desde 2021 utilizando altas de falsos docentes para cobrar nóminas sin ejercer funciones, afectando directamente al erario público.
¿Cómo funcionaba la red de “aviadores” y falsos docentes en el Edomex?
De acuerdo con el informe de la fiscalía estatal, la red delictiva realizaba asignaciones de plazas a individuos que no desempeñaban labores escolares. En total, las autoridades detectaron 459 movimientos de alta de personal con irregularidades recurrentes, como la ausencia total de los documentos profesionales que son obligatorios para ingresar al servicio docente.
Pese a carecer de perfil, los supuestos empleados eran registrados en dos plataformas tecnológicas implementadas a finales de 2017:
- El Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI).
- La plataforma “META 4”, utilizada para la dispersión de nóminas de la Oficialía Mayor (OM).
El dinero no llegaba íntegro a los contratados. Las indagatorias detallan que los falsos docentes recibían pagos mínimos en comparación con lo desviado; por ejemplo, por cada 200 mil pesos emitidos por concepto de sueldo, el trabajador recibía únicamente 6 mil pesos, mientras que los funcionarios de alto rango se quedaban con el remanente mediante estrategias de montos máximos para bancarizar.
¿Qué funcionarios están involucrados en el desvío de la SECTI?
La red de corrupción involucra a personal de confianza de dos administraciones estatales distintas. Las autoridades identificaron la participación de mandos de la gestión 2017-2023, así como de la estructura vigente:
- Dos exsubsecretarios de la administración estatal pasada.
- Coordinadores, delegados administrativos, directores de área y subdirectores de las Secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad del periodo anterior.
- Servidores públicos de la Oficialía Mayor y de la SECTI pertenecientes al gobierno actual.
La fiscalía acusó que existía una relación familiar y de estrecha confianza entre los participantes. Al dejar sus puestos, los funcionarios heredaban la plaza vacante a sus sustitutos, quienes eran integrados inmediatamente al esquema delictivo.
El inicio de la estructura se atribuye a un sujeto identificado como Óscar “N”, exdirector general de personal en Finanzas, quien incorporó estratégicamente a los ahora investigados Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N” (varios de ellos desarrolladores de la plataforma “META 4”) en áreas clave.
¿Cómo se descubrió el fraude de las tarjetas de nómina en Toluca?
El hilo conductor de la investigación penal se originó el 19 de diciembre de 2021, cuando agentes detuvieron a Juan Alberto “N” en un cajero automático del centro del municipio de Toluca. El implicado fue sorprendido en posesión de 164 tarjetas de débito a nombre de supuestos trabajadores adscritos a la Secretaría de Seguridad, además de 180 mil pesos en efectivo.
Para evadir la acción de la justicia en sede ministerial, sus superiores y colaboradores presentaron testimonios falsos. Su jefe directo, Rodolfo Alejandro “N”, argumentó que el detenido manejaba los plásticos para “gestiones bancarias por fallas técnicas”. Paralelamente, su subordinado Eduardo “N” alegó que el dinero era un préstamo personal respaldado por un pagaré, versión que fue apoyada con declaraciones similares por Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N”.
Actualmente, además de los 27 vinculados a proceso, la fiscalía mantiene bajo investigación a una persona más para definir su situación jurídica, mientras que cinco implicados adicionales recurrieron al juicio de amparo para frenar las acciones judiciales en su contra.