Redacción
Shakira ha logrado una victoria jurídica sin precedentes frente a la administración pública española. Un tribunal de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia favorable a la cantante colombiana, anulando por completo una millonaria multa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011. Con esta histórica resolución, la justicia no solo invalida las sanciones previas, sino que además insta formalmente a la Agencia Tributaria a devolver a la artista una cantidad que su equipo legal estima en unos 60 millones de euros (aproximadamente 70 millones de dólares), al sumar los intereses de demora acumulados y el pago de las costas judiciales.
La Audiencia Nacional estimó de forma íntegra el recurso presentado por la defensa de la cantante contra una resolución dictada originalmente por la Agencia Tributaria y ratificada posteriormente por el Tribunal Económico Administrativo Central. La nueva sentencia anula de raíz las liquidaciones y los castigos financieros que se le habían aplicado en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio de aquel año, marcando un giro radical en el histórico de sus disputas legales en el país ibérico.
El fraude que no fue: La regla de los 183 días
El núcleo de la decisión judicial radica en la falta de pruebas contundentes por parte del Estado. Según el texto de la sentencia, la administración española no ha logrado acreditar fehacientemente que la artista permaneciera en el país más de 183 días durante el año 2011. Este es el requisito indispensable que exige la legislación vigente para considerar a un ciudadano extranjero como residente a efectos fiscales y, por ende, obligarlo a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El caso, que se ha dirimido estrictamente por la vía administrativa, se circunscribía inicialmente a una cantidad reclamada de algo más de 55 millones de euros (64 millones de dólares). Sin embargo, tras el fallo, la cifra final que Hacienda deberá reembolsar se eleva considerablemente debido a los mecanismos de compensación legal por el tiempo transcurrido. Desde la agencia de comunicación que representa a la estrella de la música, Llorente y Cuenca, se ha emitido un comunicado destacando que este proceso representaba la última cuenta pendiente que la intérprete tenía en España, poniendo fin a ocho años de un desgastante litigio.
Sin vínculo legal con Gerard Piqué en 2011
Para justificar la supuesta residencia fiscal en 2011, la inspección de la Agencia Tributaria había argumentado que la cantante mantenía una relación sentimental estable con un residente español, el exfutbolista Gerard Piqué. No obstante, los magistrados han desestimado este argumento de forma tajante. El tribunal explica detalladamente que en el año 2011 no existía ningún «vínculo conyugal» formal entre ambos y recuerda que nunca llegaron a contraer matrimonio.
Asimismo, se señala que para esa fecha la pareja no tenía hijos menores en común que residieran en territorio español. La conclusión judicial es clara: no existía un núcleo familiar a efectos legales que permitiera vincular forzosamente a una persona extranjera con el sistema tributario local. La justicia entiende que la estancia real de la artista en el país fue de apenas 163 días, quedando lejos del mínimo legal, y recalca que el Estado no probó que el centro de sus intereses económicos estuviera en España. Por tanto, determina que las liquidaciones impuestas fueron totalmente contrarias a derecho.
Los antecedentes fiscales y el cierre de causas penales
A pesar de este triunfo en la vía administrativa, fuentes de la Agencia Tributaria se han apresurado a recordar que la batalla no ha terminado por completo, ya que la sentencia —conocida este lunes— todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, recalcan que la situación de 2011 es independiente de los ejercicios fiscales de 2012 a 2014, años en los que la cantante sí aceptó en conformidad las condenas por delitos contra la Hacienda Pública tras alcanzar un pacto de 7,8 millones de euros de multa para evitar una posible pena de prisión por defraudar 14,5 millones.
No obstante, la tendencia legal reciente parece soplar a favor de la colombiana. Hace tan solo unos días, un juzgado de Barcelona archivó de forma definitiva la segunda causa penal que tenía abierta por un presunto fraude de 6,6 millones de euros en el ejercicio de 2018, después de que la propia Fiscalía y las acusaciones retiraran los cargos por falta de indicios. Con el cierre de la vía penal y esta nueva victoria administrativa, la defensa reafirma que las acusaciones del pasado carecían de la solidez que la administración pretendía imponer, consolidando un escenario donde Shakira limpia definitivamente su nombre frente al fisco español.